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Del caso Melián… a Ley de Cine cubana. Entrevista con Lía Rodriguez (I)

antonio-enriquePor Antonio Enrique González

25823e9Lía Rodríguez, coordinadora del Sector Industria del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y productora de largometrajes como el recién terminado El acompañante, de Pável Giroud y de la tetralogía fílmica de las obras de Leonardo Padura protagonizadas por Mario Conde (bajo la dirección del español Félix Viscarret) acude al llamo de Circuito Líquido. Dada su formación de base en el Derecho, desarrolló una tutoría en materia jurídica al realizador Carlos Melián, para su proyecto independiente de largometraje El caso Nolberto. Ello formó parte de las colaboraciones brindadas durante la octava edición del evento Haciendo Cine, organizado por la Muestra Joven ICAIC en 2015.

Desplegar “El caso Melián” sirvió, a la larga, como pivote para conversar a profundidad con Lía acerca del contexto legal inmediato de los creadores audiovisuales cubanos independientes; cuando el fantasma de la Ley de Cine recorre la nación.

Antonio E. González (AG): ¿Sobre qué leyes, estrategias y dinámicas jurídicas se estructura la tutoría que a través de Circuito Líquido haces al realizador Carlos Melián, con vistas a su proyecto de largometraje El caso Nolberto?

Lía Rodríguez (LR): En realidad, no se basa en ninguna Ley de Cine, en los términos típicos de países del entorno latinoamericano, porque es una norma que está aún por dictarse en Cuba. Se basa en las regulaciones existentes, en las preguntas que él tenía sobre la aplicación a programas de fondos internacionales como Ibermedia, y a la práctica jurídica de lo que es la contratación, imprescindible, básica y necesaria para la realización de una producción audiovisual. Esto es indispensable para que, luego del resultado artístico y de recepción por el público de la película terminada, tenga un recorrido internacional, porque es lo que él al final pretende: que su película se exhiba y tener la posibilidad de acceder a ventas internacionales. Por eso necesita una base jurídica mínima que establezca una documentación que siempre le van a pedir los distribuidores, agentes de ventas, televisoras…

AG: Ante la ausencia de una específica Ley de Cine nacional, ¿qué legislación cubana ampara la gestión, protección y producción en Cuba de su película?

LR: Que no haya una Ley de Cine, no quiere decir que no existan normas jurídicas pues sí existen determinadas regulaciones. En Cuba, por ejemplo, hay una Ley de Derecho de Autor del año 1977, que regula las relaciones de los autores de las obras audiovisuales: el director, el guionista, el autor del argumento, el autor de los diálogos —si hubiera uno por separado— y de la música originalmente compuesta para la película. El uso de obras preexistentes está protegido en los términos de su utilización de obras. El Código Civil establece una serie de normas civiles que permiten la contratación…O sea, sí existen normas para contratar durante la producción de películas, porque si no, ni el ICAIC, ni nadie, hubiera podido venir haciendo películas hasta ahora.
Una Ley de Cine es necesaria, porque estamos hablando de un entorno cultural y económico que ha cambiado, desde una situación monopólica durante muchos años a una diversidad de actores en este momento. Pero una Ley de Cine lleva tiempo, negociación entre las partes, lleva conciliación. Eso no quiere decir que estamos absolutamente desregulados o que no exista un ordenamiento jurídico, aunque limitado en el nuevo contexto, que permita relacionarnos. Las películas se hacen y se establecen contrataciones y acuerdos perfectamente válidos conforme a las normas jurídicas cubanas.

AG: ¿Sobre qué normas internacionales estás trabajando para la futura comercialización y distribución de El caso Nolberto fuera de Cuba?

LR: Las normas internacionales para la distribución y la comercialización se basan esencialmente en la existencia de contratos que respalden la cesión de derechos. Hay normas que tener en cuenta para acciones específicas que Melián quiere tomar. Por ejemplo, él tiene interés en explorar la posibilidad de acceder a los fondos Ibermedia. En este sentido es importante atender a los acuerdos bilaterales de coproducción que tenga Cuba, o el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción, del cual Cuba es parte, para poder establecer las reglas de ese contrato de coproducción: los mínimos de aportación o de participación de cada uno de los coproductores, el reconocimiento de la nacionalidad o el reconocimiento de la coproducción por las instituciones cinematográficas de cada uno de los países, que es la certificación específica que le va a pedir Ibermedia. Además hay que ordenar y establecer la cadena de derechos de su película; es lo que va a perdurar durante todo el tiempo que esta tenga una circulación internacional, ventas, exhibiciones, proyecciones en festivales, en televisoras. Es lo que va a realmente a soportar la titularidad de la obra.

El personaje Nolberto interpretado por el actor Eman Xor Oña

El personaje Nolberto interpretado por el actor Eman Xor Oña

AG: ¿Cuál es el status legal de Melián en Cuba, como realizador o como guionista?

LR: Él está protegido tanto como realizador y como guionista por la Ley Cubana de Derecho de Autor de 1977, que te referí. Él va a tener una productora (Kenia Salas Laborde), y en Cuba también existe la protección para el productor individual. Una resolución del Ministerio de Cultura (Resolución 72 de 2003 del MINCULT) establece que este es toda persona natural o jurídica que organiza los medios financieros, técnicos y humanos para la realización y la producción de una obra audiovisual. Es quien llevará adelante todos los caminos para la obtención de los fondos, para el establecimiento de todas estas relaciones contractuales; y es el máximo responsable durante todo el proceso de producción y de la terminación de la película u obra audiovisual. Además del titular de los derechos de explotación.

AG: Ahora, en cuanto a la gestión de la nacionalidad que mencionabas antes, ¿mediante cuáles métodos, legislación, se hace?

LR: En Cuba no hay ninguna legislación que establezca los requisitos de nacionalidad de una película. Normalmente, las leyes de cine o las disposiciones que existen en el sector de otros países tienen un número de requisitos…algunas dicen, por ejemplo: hay diez requisitos para cumplir cinco; o hay siete para cumplir cuatro, o hay que cumplirlos todos. Cada país establece sus normas, y si te colocas en la situación de haber cumplido los requisitos, automáticamente puedes decir que tienes derecho al otorgamiento de una certificación de Película Nacional. En Cuba no existe esa normativa, esa sí es ausente, por tanto es una facultad discrecional del ICAIC otorgar el certificado de nacionalidad cubana a una película a partir de su valoración en términos de arraigo, de la nacionalidad de sus creadores. No te puedo dar los términos que valoran porque no intervengo yo precisamente.

AG: Según tu opinión, a partir de que esta certificación se da por un arbitrio de la institución, sobre todo en el caso de las producciones no gestadas en su seno, ¿qué riesgos corren si el ICAIC no les otorga la nacionalidad?

LR: El riesgo de no contar con un documento que te pueden solicitar para demostrar tu condición de película nacional. Esto crea una situación de desamparo. Hablando de mi experiencia individual, yo te puedo decir que el ICAIC, por ejemplo, en casos de producciones en las que yo he participado, me ha emitido los certificados de nacionalidad y los de coproducción, cuando han sido necesarios. Si es el caso de todas las producciones independientes que existen en el país, no lo sé. Te estoy hablando desde mi experiencia. Ahora, si un día te dicen que no te la otorgan, bueno, pues no tienes a otra entidad a la que dirigirte, porque, en realidad, la única entidad que tiene la autoridad cinematográfica en Cuba para expedir ese tipo de pronunciamiento es el ICAIC.

AG: ¿Qué riesgos tiene que esta autoridad legal permanezca de manera absoluta en manos del ICAIC, en estos tiempos donde han proliferado los actores y factores independientes?

LR: Bueno, eso es parte de lo que se ha venido discutiendo en los últimos años. La autoridad cinematográfica siempre va a estar en el Instituto de Cine, como institución pública, que en el caso de Cuba, es el ICAIC. Como una de las funciones de esta autoridad, es necesario el establecimiento de normas y reglas que de alguna manera establezcan las condiciones y requisitos a cumplir para ser considerada una película u obra audiovisual cubana. Yo no sé si son ocho o 28… o las que terminen entendiendo como necesarias. Pero sí hay que crear una norma o una situación jurídica en la que te coloques en el cumplimiento de estos requisitos y tengas derecho al otorgamiento de la nacionalidad.

AG: ¿Esta norma sería una Ley de Cine?

LR: Esto puede o no estar incluido en la Ley de Cine. Normalmente, viene incluido en estas. Quiero decir: la Ley de Cine es la creación de un ordenamiento jurídico para un sistema, para un sector, para un área de la cultura y de la economía, pues el cine involucra arte e industria. Hay problemas muy urgentes que pueden ser resueltos de manera previa a una ley, por una norma de menor rango jurídico. Porque las leyes necesitan un tiempo de redacción, de conciliación, y a veces esos períodos son más dilatados que las urgencias del momento. A veces hay quien me ha escuchado la expresión: “para eso no hace falta una Ley de Cine”. Eso no quiere decir que no haga falta una Ley de Cine. Hace mucha falta. Es el resultado final y sistémico del ordenamiento de un sector de la cultura que implica la realización de una actividad cultural y económica a la vez.

Pero también aclaro que ese proceso incluye a la Asamblea Nacional, a todos los ministerios del país. Es un proceso de redacción, conciliación y promulgación largo. Además del contenido en sí mismo incluye una comisión de estilo, pues no solo hay que cuidar el fondo, sino la forma, hay normas establecidas sobre cómo tiene que estar redactada, también desde el punto de vista formal. No es, digamos, una burocracia cubana. Para nada. Los procesos de legislación y promulgación legislativa en cualquier país del mundo son dilatados…

AG: ¿Cuán dilatados…?

LR: Creo que menos dilatado de lo que se lleva intentando sensibilizar sobre la necesidad de comenzarlo, pero tampoco es algo que se hace en seis meses.

Yo creo que el problema más grande, en este caso, ha estado en el tiempo que ha pasado para sensibilizar al Estado de la necesidad de comenzar este proceso de trabajar en la Ley de Cine. Y por eso nos parece que ha sido muy dilatado. Pero el proceso en sí mismo no ha comenzado. Lo que surgió y se ha venido desarrollando por todo este tiempo es la inquietud de los realizadores que han transmitido una necesidad, y han mantenido un diálogo con la institución sobre esa necesidad. El ICAIC, incluso, ha compartido esa necesidad y ha ido conjuntamente con los creadores a transmitirlo al Estado. Pero todavía estamos en este tiempo de sensibilización del Estado o los decisores finales, que ha sido, probablemente, mucho más largo de lo que debería aún cuando, y esta es mi opinión individual, considero que hay argumentos contundentes para llevar adelante estas transformaciones.

AG: ¿Por qué crees que se ha dilatado este primer proceso de sensibilización?

LR: Bueno, yo no tengo la verdad absoluta. Creo que puede haber elementos de los dos lados. Evidentemente, los que estamos del lado de la producción independiente, aunque lo hemos intentado, no hemos sido todo lo efectivos que debiéramos en transmitir el mensaje final, porque no hemos logrado el resultado. Hay algo que nosotros todavía no hemos acabado de encontrar: la manera de comunicar… Creo que se ha hecho un gran trabajo, y parte de ese gran trabajo es insistir, insistir, insistir y ser serio y concreto en cada diálogo, debate, argumento que se expone. Pero también debemos revisar si se nos está quedando algún elemento, si los que estamos dando pueden ser presentados de otra manera, ya que no tienen toda la receptividad. No podemos cansarnos y hay que ser absolutamente tenaz cuando uno está convencido que lo que quiere lograr es, además, útil y necesario.

Creo que, también de la parte institucional (me refiero al ICAIC) hay un conocimiento del problema y un convencimiento de la necesidad de hacer estos cambios y adoptar una serie de normas, incluida la Ley de Cine. Es un avance, porque hoy es innegable que el propio ICAIC es un actor consciente de esas necesidades y esos problemas. En muchos casos ha acompañado a los realizadores y al G-20, como grupo de trabajo, sentados en la misma mesa.

Pero no se han roto otros prejuicios. No sé si fruto del desconocimiento o de la falta de un diálogo mucho más profundo, con mucho más tiempo, con quienes toman las decisiones finales. Creo que hay una responsabilidad del Estado en este tiempo invertido ¿no? Porque también es innegable que se ha extendido demasiado el tiempo para la toma de decisiones, el reconocimiento de los nuevos escenarios y sus necesidades. Pero en cualquier caso no debemos cejar en el empeño y la decisión de seguir en este esfuerzo. Todos los días hay que pensar que uno tiene que volver a la mesa a conversar; volver a la mesa a convencer e intentar lograr resultados concretos.
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